Los cierres de sexenio y las temporadas de elecciones son un buen momento para revisar las políticas públicas del país, pero también para hacer un análisis del estado en que se encuentran los distintos sectores que forman parte de y que interactúan con la sociedad mexicana. En este caso, y pensando en el sector que ocupa a Código, hemos construido una serie de preguntas sobre las necesidades del sector cultural en México, con el fin de hacer un (breve) diagnóstico de lo que deberán ser las principales preocupaciones del trabajo de la Secretaría de Cultura en años venideros. Para esta ocasión, consultamos a Brenda Caro, licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas, maestra en Museos y doctora en Museum Studies por la Universidad de Leicester.

—La relación entre cultura y tejido social se ha mencionado en repetidas ocasiones, y sin embargo no se suele ahondar en lo que ésta implica. ¿Cómo definirías tú esta relación? ¿Encuentras en el arte una herramienta efectiva para el restablecimiento del tejido social? Y, de ser así, ¿cómo puede hacerlo?

A mi juicio, el arte por sí sólo no puede «recomponer» el tejido social; es decir, no puede cubrir o suplir las responsabilidades que en diferentes áreas corresponden al gobierno y ciudadanía. El arte y la cultura pueden plantear estrategias de resistencia, o asentar pautas que establezcan otro tipo de relaciones sociales, afectivas y de participación individual y colectiva, pero no son un sucedáneo, ni la fórmula mágica. Considero que es irresponsable, hasta cierto punto, delegar al trabajo cultural y artístico lo que es asunto de otras instancias; de igual forma lo es el suponer que un evento artístico –el cual muchas de las veces ni siquiera atiende o entiende el contexto en el cual interviene— va a erradicar de un plumazo inequidades, violencias, abusos de poder. Que el arte y la cultura puedan constituir un ejercicio de resistencia ante el contexto socioeconómico actual del país, sí, sin duda; pero dentro de ciertos límites y posibilidades. Que el arte y la cultura puedan por sí mismos, sin más, resolver problemáticas que atraviesan distintas esferas sociales, no, ya que su propia autonomía y creación de valor lo limitan. En la medida que se siga ignorando esto, todo quedará en discursos bien intencionados, insostenibles en los hechos y cuestionables desde el punto de vista ético.

–Otro de los temas urgentes a considerar en el ámbito de la cultura es la inequidad, tanto en término de igualdad de oportunidades como de igualdad en la representación. ¿Cómo pueden las políticas públicas dar voz a los creadores de los grupos minoritarios?

No sé si el término «dar voz» sea el correcto; quizá precisamente el que lo pensemos así —un «yo/nosotros» intermediario de un «otro/otros»— es lo que ha llevado a que las políticas públicas y programas dirigidas a los grupos denominados minoritarios sean fallidas. Se requiere abrir espacios en los que haya una participación efectiva, directa y real, de indígenas, jóvenes, mujeres, etc.
Es necesario también revisar ciertas categorías que si bien fueron implementadas para incorporar a las minorías, han terminado por reforzar un trato inequitativo o profundizar más la desigualdad. Un caso emblemático es el del «arte indígena» actual: ¿por qué no podemos simplemente considerarlo como «arte contemporáneo»? ¿Por qué excluimos a los creadores del resto de sus colegas no-indígenas y los colocamos en una especie de gueto, desde el cuál se juzga y valora su producción? ¿Por qué hacemos un uso instrumental de la categoría para resaltar lo «buena onda» que es nuestra institución, espacio o proyecto? ¿Por qué al hablar del trabajo de estos creadores resaltamos como su único valor el que es «indígena»? En otras palabras, debemos dejar atrás el papel del intermediario/antropólogo bien avenido y generar espacios de participación artística y de representatividad reales.

—En el trabajo por la descentralización de la cultura en la República, ¿siguen siendo instituciones tradicionales como bibliotecas y museos el mejor vehículo?

Una institución no hace la descentralización, y esta última no puede seguir siendo concebida como la mera generación de infraestructura. La descentralización tampoco se resume en cambiar de sede las oficinas centrales de la Secretaría de Cultura y su cuerpo institucional. La descentralización implica una revisión completa a la política cultural pública, tanto la gubernamental como la que emana de otros agentes de la iniciativa privada y sociedad civil. La descentralización requiere de la elaboración de un diagnóstico que indique cuáles son las desigualdades y problemas existentes —en términos de cultura y arte—, que brinde un panorama real del tipo de relaciones que hay entre el centro y el resto de los estados, de las necesidades públicas en cada uno de estos últimos y su dinámica particular.
La descentralización implica también el pensar cuáles son los términos bajo los cuales operan los programas de fomento y estímulo a la creación artística, educación e investigación; cómo y bajo qué términos se da el acceso a bienes e instituciones culturales, cuál es la operatividad de las secretarías e institutos locales con relación a las instancias análogas a nivel federal. Ese es el trabajo que hace falta.

—Ante la reducción de los presupuestos para la (ahora) Secretaría de Cultura, ¿consideras que deberían fomentarse las alianzas público-privadas, o que es el Estado el que debería asignar más recursos? ¿En qué áreas consideras que son más urgentes estos recursos?

A mi juicio, se trata de un movimiento por partida doble. No se trata de que el Estado relegue su papel y responsabilidad presupuestaria en materia de cultura, de manera que la misma sea cubierta por entero por la iniciativa privada; ni tampoco el fomentar un aparato estatal donde no haya mecanismos de coparticipación y coadyuvancia por parte de la sociedad civil. Las alianzas son necesarias, sin duda. El punto clave radica en la naturaleza, límites y atribuciones de las mismas. No debemos olvidar que el Estado es responsable de la gestión del patrimonio cultural nacional, de manera que no puede estar sometida a intereses particulares que, a la larga, pueden redundar en un beneficio económico y social para unos cuantos, en vez de la totalidad de los ciudadanos. Hay que pensar entonces: a) el tipo y grado de participación ciudadana; b) los alcances de dicha participación; c) las reglas de operación; d) los límites; e) los posibles conflictos de interés, f) las restricciones deseables, g) los mecanismos de representatividad, y h) la transparencia.

Respecto a las áreas, me reservo el comentario pues no poseo un panorama completo. De entrada, diría que todas las áreas son prioritarias, desde la infraestructura hasta la educación y la investigación, pasando por el fomento y la producción y los esquemas de contratación y gestión del aparato estatal. Respecto a esto último, se requiere con urgencia revisar el actual esquema —estrecho, inequitativo y de explotación laboral— de los trabajadores contratados bajo capítulo 3000, el cual es insostenible.

—En el estímulo a la creación, ¿cuál mecanismo consideras más eficiente para hacer llegar los recursos a los creadores?

Considero que, sin abordar el tema del FONCA, hay tres vías que sería necesario revisar para, precisamente, minimizar los aspectos negativos de los subsidios gubernamentales —centralización, rigidez, falta de movilidad— y afianzar sus fortalezas: la primera, el fomentar el coleccionismo público, vía la adquisición de obra; la segunda, los estímulos fiscales, no sólo bajo el esquema del mecenazgo y/o patrocinio, sino en el de la producción de obra; y la tercera, generar circuitos de intermediación y distribución efectivos, que permitan la solvencia y supervivencia de los proyectos a un mediano y largo plazo.